La vulnerabilidad es entendida en la bibliografía especializada en gestión del riesgo como “las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que lo hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza”, amenaza entendida como “un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales”.
Desde una mirada situada, se puede decir que la vulnerabilidad está presente previamente por la falta de justicia social y el no contar con los medios básicos de reproducción de la vida, provocada en su mayoría por las injusticias relativas al modo de producción global en el que estamos insertos. La exposición a situaciones de emergencia y riesgo se evidencia entonces en todas sus escalas e impacta directamente en nuestras comunidades, manifestándose tanto en el plano global, como nacional y principalmente en el local/regional.
La pandemia del COVID-19 (coronavirus) se desarrolla en un contexto global que interviene directamente en nuestra cotidianeidad. Se pone en manifiesto entonces (sin realizar juicio de valor) el contexto de guerra híbrida o de cuarta generación que se expresa en las posiciones tomadas por China y Estados Unidos a la hora de expresar el origen de esta pandemia. Esto se manifiesta en parte por la guerra informativa que encarnan, así como también en la pelea por la búsqueda del fármaco que ataque al virus en cuestión.
A escala nacional en la actualidad se encuentra en ejecución la emergencia sanitaria a partir del Decreto 287/2020, como así también la emergencia alimentaria hecha ley por el congreso en septiembre del año pasado. Esta última tuvo como consecuencia diferentes políticas públicas como la ejecución de la tarjeta ALIMENTAR. En tanto, en el ámbito local/regional la situación se agrava porque continuamente se evidencian poblaciones en riesgo a inundaciones y desastre -como puede ser el corte prolongado de la electricidad- lo que conlleva mayor vulnerabilidad e injusticias sociales.
Estas diferentes políticas toman un matiz asistencial si no se encuentran enmarcadas en una organización comunitaria de prevención (actividades para evitar el impacto adverso de las amenazas), mitigación (medidas estructurales/no estructurales adoptadas para limitar el impacto adverso) y preparación (actividades y medidas adoptadas con anticipación para asegurar una respuesta efectiva) contra el riesgo y la emergencia.
Recientemente Boaventura de Sousa Santos describió en “Al Sur de la cuarentena” (2020) la manera que diferentes sectores del sur global con mayor vulnerabilidad están transitando la cuarentena, y sobre este punto, expresa:
“Son los grupos que tienen en común una vulnerabilidad especial que precede a la cuarentena y se agrava con ella. Esos grupos conforman lo que llamo el Sur. En mi concepción, el Sur no designa un espacio geográfico. Designa un espacio-tiempo político, social y cultural. Es la metáfora del sufrimiento humano injusto causado por la explotación capitalista, por la discriminación racial y por la discriminación sexual. Me propongo analizar la cuarentena desde la perspectiva de quienes más han sufrido debido a estas formas de dominación”.
Ante esto se hace evidente la necesidad de generar profesionales que además de visibilizar las situaciones de emergencia y riesgo, fortalezcan procesos territoriales para transformar las injusticias sociales en justicia social diagnosticando y transformando las condiciones de vulnerabilidad en dignidad.
Fotografía: Ángel Ezpeleta 1994
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