Para tomar dimensión de la problemática que están atravesando las personas privadas de su libertad en relación a la crisis sanitaria por el Covid-19, es necesario describir la situación y condiciones de las unidades penitenciarias anteriores a la pandemia que ataca al mundo.
Según la Comisión Provincial por la Memoria hay, al menos un 118% de sobrepoblación, con unidades que alcanzan más del 200%. Además, el acceso a la salud es insuficiente y precario, mientras que los elementos higiene, muchas veces terminan siendo garantizados por lxs familiares y visitantes de lxs detenidxs (CPM, 25 de Marzo de 2020). La pandemia mundial dejó al descubierto las múltiples deficiencias del sistema penitenciario, tanto bonaerense como federal, destacándose la vulneración del derecho a la salud de lxs detenidxs. La situación de desamparo presente en las cárceles se ve agravada por la imposibilidad de cumplir con los requisitos mínimos para prevenir el contagio del virus.
En muchas de las cárceles de la provincia no hay elementos de limpieza e higiene, y la superpoblación impide que se cumpla el distanciamiento obligatorio. Esto se ve agudizado por la restricción de visitas de familiares, quienes proveen de elementos fundamentales para atravesar la crisis, tanto sanitaria como la carcelaria. A esto, se suma una gran cantidad de detenidxs en edad de riesgo, que sufren problemas de salud como asma, tuberculosis y hepatitis; como así también, en cárceles de mujeres, habitan embarazadas y niñes (Diario Página 12, 15 de Marzo de 2020).
En este contexto, las organizaciones y organismos de derechos humanos, como la CPM y el CELS, exponen las condiciones de salubridad de las cárceles al mismo tiempo que exigen al Estado medidas específicas. Entre ellas se solicitó que se otorgue prisión domiciliaria a mayores de 65 años, mujeres embarazadas y a quienes conviven con sus hijes dentro del penal.
Una de las primeras medidas adoptadas por el Estado, fue la de realizar controles médicos a quienes ingresaban en las cárceles bonaerenses y federales: básicamente, tomando la temperatura y controlando por medio de una declaración jurada síntomas de tos, dolor de garganta o problemas respiratorios, y registrando si alguno de los visitantes había viajado al exterior en el último mes. Posteriormente, se restringieron las visitas, aunque en un comienzo, cuando la cuarentena aún era reciente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense otorgó permiso de circulación a lxs familiares. Sin embargo, cabe destacar que en muchas unidades se limitaron las visitas por voluntad de los mismo detenidxs (Diario Página 12, 15 de Marzo de 2020).
El 16 de Marzo de 2020, la Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dictó una resolución dando inicio a las evaluaciones de los requerimientos de prisión domiciliaria, así como la morigeración de la prisión preventiva o sus alternativas a los detenidxs que se encuentren dentro de la población de riesgo.
Frente a este difícil panorama lxs detenidxs se movilizan y protestan. Lejos de ser motines, reclaman legítimamente por mejores condiciones de vida y medidas específicas que garanticen y prioricen la salud de las personas privadas de su libertad. Cabe destacar que, antes de llegar a episodios como los que ocurrieron recientemente en la cárcel de Devoto, lxs detenidxs alzan la voz de múltiples maneras, como por ejemplo mediante la presentación de escritos judiciales, habeas corpus, llamados a asesores judiciales, etc. Sin embargo, no es hasta que ponen su cuerpo al límite, que las medidas concretas se asoman.
Conclusiones
La crisis sanitaria que azota al mundo también logró sacudir los viejos problemas de las cárceles de nuestro país. Los reclamos que se están llevando adelante en diferentes penales del país, pero particularmente en la provincia de Buenos Aires, buscan descomprimir las cárceles y mejorar las condiciones de salubridad. Las excarcelaciones hoy son sinónimo de salvar vidas; sin embargo, deben llevarse a cabo con el cuidado y la conciencia necesaria, revisando los casos de manera particular, como así también deben ser acompañadas de políticas que garanticen que la población liberada pueda construir una vida digna fuera de la cárcel.
Esta problemática está directamente relacionada con la utilización abusiva de la prisión preventiva que no hace más que incrementar el número de detenidxs, además de generar que permanezcan en las unidades por tiempo indeterminado a la espera de juicios que pueden tardar años.
Fotografia: EFE/Cézaro De Luca/Archivo
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