La Interrupción Legal del Embarazo ha sido definida por instancias estatales e internacionales como un servicio esencial en el marco de la pandemia del COVID-19. Esto significa que se reconoce como prioritario garantizar la continuidad de la atención de este derecho, acorde al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Ministerio de Salud), adecuando las modalidades de atención y garantizar condiciones de bioseguridad para evitar la propagación del virus.
Esta decisión pone de manifiesto que la situación del embarazo no deseado en Argentina hoy ha sido instalada en la agenda estatal y entre las demandas colectivas, como un derecho inalienable.
Este proceso histórico que ha llevado a miles de personas con capacidad de gestar (PCG) reconocer la existencia masiva de abortos inseguros y acercarse a los dispositivos de atención sanitaria a solicitar este derecho, es un hecho[1]. Sin embargo, la particularidad de la pandemia nos impone nuevos desafíos que no podemos desatender.
Nuestra profesión viene disputando el campo de la salud sexual como un espacio socioprofesional de relevancia: en nuestra ciudad hay 11 Consejerías/ Equipos de atención a ILE, de las cuales no sólo la mayoría están integradas al menos por un/a/e trabajador,a,e social, sino que hemos tenido gran protagonismo en el impulso y sostenimiento de estos dispositivos.
Frente a la pandemia, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires propone[2] a los equipos que podamos ofrecer atención a distancia en la zona de residencia de la persona incluso en gestaciones avanzadas, brindar información por escrito u otros medios virtuales, reducir al mínimo el contacto personal, evitar estudios previos habitualmente solicitados, y/u ofrecer la atención completa por ILE en una sola consulta para evitar circulación intra hospitalaria.
Ante esto, el primer cuestionamiento que surge es sobre las condiciones para ofrecer esa atención en un sistema de salud sumamente desfinanciado y fragmentado, y consecuentemente, ¿cuánto de este esfuerzo de innovación recae sobre nuestros cuerpos y salud mental si los recursos materiales son los mismos? ¿O estará más cerca de un nuevo imperativo de creatividad y disponibilidad laboral individual teniendo como marco una pandemia? Además, los protocolos previos ya planteaban la mayoría de esas indicaciones, ¿qué hay de nuevo entonces?
Pensamos que algo de lo novedoso del contexto tiene que ver con las condiciones en las que las personas con capacidad de gestar transitan el proceso de interrumpir sus embarazos y qué cambios, adecuaciones y apuestas podemos promover desde la atención para abordar integralmente cada situación.
En el caso del aborto, es importante destacar que la consulta personalizada se presenta como una fuente de seguridad en comparación con la gran cantidad de información distorsionada respecto de la práctica, generalmente promovida por grupos anti derechos. Ante esto, debemos profundizar la empatía y la capacidad de ofrecer un espacio de acogida y escucha activa, partiendo de que el conjunto de situaciones que lleva a una PCG a tomar la decisión de abortar es sumamente compleja e imposible de reducir a variables esquemáticas. En muy pocas oportunidades estas causas pueden plantearse con límites o precisiones claras, lo cual nos presenta el desafío de poder localizar alguna dimensión de esto en la consulta, que permita siempre reducir sentimientos de culpa y estigma.
En ese sentido, es pertinente que en nuestro trabajo institucional de fortalecer los dispositivos de atención prestemos especial atención a poder ofrecer un encuadre flexible pero ordenador, que favorezca la toma de la palabra, la posibilidad de identificar y expresar con confianza sus padecimientos, agravados por el contexto de pandemia. Así como trabajar en la planificación de la respuesta institucional que reduzca riesgos e incertidumbres.
Decimos agravado, porque ciertas situaciones que antes podían ser facilitadoras, hoy pueden complejizarse: imposibilidad de desplazamientos en el marco de situaciones de violencia, la necesidad de compartir esta información con personas que no lo harían en la habitualidad, las tareas de cuidado que se han vuelto exclusivas y temporalmente indefinidas, los miedos frente a la posibilidad de contagio del virus, el miedo a la detención policial arbitraria, las dificultades económicas, entre otras situaciones lamentablemente comunes, hoy profundizadas.
Por último, situar el debate respecto de aquella distancia social preventiva que nos solicitan como trabajadoras. Frente a lo dicho respecto del aborto, no podemos olvidar que en tanto agentes del Estado les debemos un encuentro empático y de acogida feminista, incluso en la virtualidad o la reducción de los encuentros. Si es necesario mutar o adecuar, lo haremos, pero guiadas por los mismos principios y horizontes. Además, la necesidad del aislamiento social no debe tapar el resurgimiento de grandes entidades de descolectivización, como la individualidad y el encierro, a lo que nuevamente deberemos contrarrestar con propuestas colectivas de trabajo y coordinación intersectorial.
La pandemia entonces, nos obliga a revalorizar la lucha histórica por instalar el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, y responder con estrategias profesionales y colectivas acordes a una cierta oportunidad política: sostener que la atención de ILE es siempre una urgencia, que requiere una atención integral y desburocratizada, pero sobre todo feminista. Que el virus no profundice nuestros miedos, sino las convicciones en la lucha por garantizar derechos.
Bibliografía
Contreras, M. (2019). Legitimidad profesional del Trabajo Social y disputas históricas en el campo de la Salud. Ponencia presentada en las JIDEEP, FTS.
Dosso, D. (2015). Miradas integrales de la causal salud para la interrupción legal del embarazo. FUSA. Publicación en trámite.
FUSA, CLACAI, IPPF. (2012). Guía de procedimiento para la atención de mujeres en situación de embarazo no planificado. Talleres Manchita. Argentina.
Ortiz,O. (s/f) Acompañar para empoderar. Guía de apoyo para la formación de acompañantes en mujeres en situación de aborto.
[1] Es notable, en nuestra región el aumento de consultas por este tema que, según los datos relevados por la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir Regional La Plata, Berisso y Ensenada es en promedio del 100%. En el caso del dispositivo que integramos, la Asesoría en Salud Sexual Integral del Hospital San Martín de La Plata el aumento fue del del 280% entre 2018 (con 85 consultas) y 2019 (con 330).
[2] Nota 2020-05930077-GDEBA-DPHMSALGP. 27/03/2020
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