La realidad y la posverdad en pugna

El proyecto neoconservador que llega al poder en 2015 a través de elecciones democráticas transita su tercer año. El análisis de este período permite concluir que los empresarios que gobiernan el país carecen de modelo propio y simplemente adecuan a la realidad argentina aquellos modelos que el capital financiero y los países centrales reservan a los países periféricos. En este contexto, las políticas implementadas son las mismas que se aplicaron en otros ciclos históricos y que condujeron a crisis sociales y económicas de enorme magnitud. La ineptitud política sumada al contexto internacional ha llevado a un nuevo escenario de crisis económica-social que desmonta el relato oficial y enfrenta a los ciudadanos a panoramas ya vividos en el pasado. El vaticinio del triunfo de la inexorable nueva derecha basada en nuevas formas de gestión y comunicación se desmorona frente a la realidad que despierta la memoria histórica de las sociedades.

Hace dos años y medio que la alianza Cambiemos, integrada por distintos espacios como la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y el PRO, ganó las elecciones en nuestro país. Desde su constitución, Cambiemos fue presentada ante la opinión pública como la “nueva derecha”, una agrupación política nunca antes vista en la historia argentina, con novedosas formas de gestionar y con modernas estrategias de comunicación.

Macri y sus socios lograron cautivar a distintos sectores de la sociedad, inclusive a ciudadanos que históricamente no votaron propuestas de “derecha”. Este hecho particular ha sido objeto de extensos análisis de intelectuales que se definen como progresistas, admirados por la irrupción de una nueva derecha que alcanza el poder por medios democráticos, olvidando que esta situación ya sucedió en nuestro país con el menemismo.

Es curioso que estos análisis del fenómeno Cambiemos no sean capaces de observar el elemento común por el cual el menemismo y el macrismo alcanzaron el poder por la vía democrática: la estafa electoral. Ambos estafaron a sus votantes ya que ocultaron su verdadero proyecto político-económico, que no es otro que el de las oligarquías que han gobernado nuestro país durante décadas. Al contrario de lo que pregona de manera constante, Macri llega al poder a través de la mentira. En campaña prometió que nadie perdería derechos adquiridos, que no habría devaluación ni tarifazos, que bajaría la inflación, que los trabajadores no pagarían ganancias, que continuaría el Fútbol para Todos y el Plan Conectar Igualdad, entre otros.

Existe un elemento común por el cual el menemismo y el macrismo alcanzaron el poder por la vía democrática: la estafa electoral. Ambos estafaron a sus votantes ya que ocultaron su verdadero proyecto político-económico, que no es otro que el de las oligarquías que han gobernado nuestro país durante décadas

Estos analistas, sin embargo, no discuten en profundidad el proyecto de país que propone Cambiemos, si es que realmente tiene uno, cuya máxima definición desde el discurso oficial refiere vagamente a Israel o a Australia. En realidad, la mayoría de estos intelectuales están encandilados por las nuevas formas de comunicar la política, diseñadas por el “brillante” estratega Durán Barba: los timbreos, los spots edulcorados y falsos, el discurso vacío que apelaba a un futuro mejor. Cambiemos parecía invencible a partir del uso de estas herramientas: la realidad no importaba, estábamos en la posverdad.

Apenas iniciado el 2016, y con la puesta en marcha de las políticas socioeconómicas del Gobierno, una parte de la sociedad comenzó a percibir que no había nada nuevo en las políticas que implementaba Macri. A medida que avanzaron los meses se fue revelando que el presidente se limitaba a implementar las políticas que los grandes centros económico-financieros determinan para los países periféricos con el objetivo de garantizar su dependencia política y económica.

En este sentido, apenas asumió, Macri inició un nuevo ciclo de endeudamiento en los mercados financieros con la anuencia de los organismos de crédito internacional y el beneplácito de los países centrales cuyos líderes elogiaron la vuelta de Argentina a “su mundo”. Para obtener ese financiamiento aplicó los conocidos esquemas de devaluación, apertura de las importaciones, incremento de los servicios públicos y achicamiento del Estado. Las mismas medidas que nuestro país ejecutó durante las dictaduras militares y durante el menemismo, con sus conocidas secuelas de destrucción de la industria nacional, pérdida del trabajo formal, despidos y represión de las protestas sociales.

A fines del 2016 conocimos un primer informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) para nuestro país luego de que el gobierno autorizara otra vez las visitas de sus principales funcionarios. El documento “aconsejaba” al Gobierno disminuir el déficit fiscal para lo cual debía bajar las jubilaciones, pensiones y ayudas sociales, flexibilizar el trabajo y facilitar la entrada de capitales. Cumplir con estas exigencias garantizaba el visto bueno de los organismos de crédito y por consiguiente la continuidad del flujo de capitales para financiar al Gobierno.

Apenas iniciado el 2016, y con la puesta en marcha de las políticas socioeconómicas del Gobierno, una parte de la sociedad comenzó a percibir que el presidente se limitaba a implementar las políticas de los grandes centros económico-financieros

Sin embargo, Macri decidió demorar la ejecución del plan del FMI para después de las elecciones legislativas y generó un clima económico favorable basado en el crédito, la obra pública y acuerdos parciales con las organizaciones sociales y gobernadores. El plan electoral y el acompañamiento de los medios masivos de comunicación le permitieron ganar las elecciones pero desarticuló el objetivo de bajar la inflación, que culminó el año en el 25 %, y endeudó a buena parte de la población dadas las elevadas tasas de interés.

Pasadas las elecciones se tornó inevitable implementar las exigencias del FMI. En efecto, a fines de 2017 el organismo internacional le recordó en un nuevo informe las materias pendientes. Deslizó además veladas críticas al rumbo económico que fueron acompañadas por economistas del ala derecha del Gobierno que lo habían acompañado hasta ese momento. Estos ortodoxos observaban que el ajuste exigido por los organismos de crédito para continuar avalando el flujo de capitales y el endeudamiento externo, que se incrementó en un 35% en relación al 2015, no se realizaba al ritmo adecuado y que tendría consecuencias. Para afrontar estas críticas el Gobierno ideó otro recurso discursivo: instaló que practicaban el “gradualismo”, la estrategia que permitiría realizar la transformación del país al menor costo social.

Sin embargo, ya sin margen de maniobra frente a la presión externa, el Gobierno envió al Congreso el paquete de leyes que transparentaba las exigencias y revelaba quién realmente gobernaba el país. Así lo denunció una parte de la oposición en el Congreso mientras que otro sector las convalidó. En este contexto, el Gobierno reprimió brutalmente a vastos sectores de la sociedad que protestaban en las inmediaciones del Congreso, contra el ajuste a los jubilados/pensionados, a las asignaciones universales por hijo y a la reforma impositiva. Como consecuencia del alto costo político que tuvo que pagar, Macri desistió de avanzar con el proyecto de reforma laboral que encontró oposición de distintos sectores gremiales.

En paralelo el Gobierno retomó con más fuerza el proceso de desmantelamiento del Estado, que había empezado en 2016, con el objetivo claro de reducir el déficit fiscal y cumplir con las exigencias del FMI. Se multiplicaron los despidos y el ajuste presupuestario en los principales organismos de ciencia y tecnología, como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en la Comisión Nacional de Energía Atómica y en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, y en la Fábrica Argentina de Aviones. En la provincia de Buenos Aires, el Gobierno cerró FANAZUL, de Fabricaciones Militares, se despidieron trabajadores de Ferrobaires y se intervino Astilleros Río Santiago.

Este esquema privatista y antiestatal es similar al de los años 90, cuando el entonces ministro Cavallo recordaba que reducir el Estado era engrandecer la Nación y se alegraba cuando los estatales protestaban porque “vamos por el camino correcto”. Nada nuevo tampoco aquí puede observarse de la alianza Cambiemos

Pero no sólo se avanzó sobre la ciencia y la tecnología sino también sobre la salud y la educación con despidos masivos en el Hospital Posadas y con el cierre de programas, escuelas públicas nacionales y provinciales. La privatización de sectores claves como la energía se aceleró con la caída de la producción de YPF y el plan de privatización de las centrales térmicas mientras se promocionaban las energías renovables con tecnología comprada en el exterior y con socios locales emparentados con el Gobierno.

Los despidos fueron precedidos por una campaña de estigmatización del empleado público como vago, “ñoqui” e ineficiente, la cual comenzó apenas asumió Cambiemos y que contó con la adhesión de los medios de comunicación oficialistas. Adquirió formas perversas: ni siquiera telegramas de despidos ni anuncios de finalizaciones de contratos. Los despedidos se enteran de su nueva situación porque no pueden ingresar a sus lugares de trabajo. Todo esto liderado por el Ministerio de Modernización que es el brazo ejecutor del Plan de Ajuste del Estado exigido por el FMI.

Otro eje del discurso oficial y el de su prensa asociada para justificar el ajuste es que el Estado creció en forma irresponsable entre el 2003 y el 2015 fruto del desmanejo del populismo. Sostienen que Argentina presenta un 18% de empleo público, el mayor de Latinoamérica. Sin embargo, ocultan que el promedio de los países de la OCDE, a los cuales del gobierno pretende semejarse, es del 20% en cuanto a trabajadores relacionados con el sector público. Un Estado que garantice educación pública, salud, ciencia y tecnología, y ejerza su indelegable poder de control debe presentar cifras de empleo público semejante a los países desarrollados.

Este esquema privatista y antiestatal es similar al de los años 90, cuando el entonces ministro Cavallo recordaba que reducir el Estado era engrandecer la Nación y se alegraba cuando los estatales protestaban porque “vamos por el camino correcto”. Nada nuevo tampoco aquí puede observarse de la alianza Cambiemos. Se mantiene lo esencial del modelo neoliberal: el mercado como actor relevante y un Estado débil que le permita realizar sus negocios sin controles. Se concibe así la educación, la salud y la seguridad social no como derechos sino como negocios.

La crisis llevó al Gobierno a transparentar la situación: acudió rápidamente al FMI para pedir auxilio bajo la forma de un crédito muy duro en condiciones y ahora será el organismo internacional quien gobierne sin intermediarios

Las dificultades políticas para imponer el ajuste, lo que motivó la pérdida del apoyo de una buena parte de la población y unificó a la oposición; el fracaso del control de la inflación (en gran medida como consecuencia de los excesivos aumentos de las tarifas de los servicios públicos); y los cambios en los mercados internacionales con el incremento de la tasa de interés en Estados Unidos, motivó la rápida salida de los capitales especulativos con la consiguiente depreciación del peso y el aceleramiento de los precios. Estos hechos se produjeron en un contexto en donde el Gobierno pretendía reducir el costo laboral, a través de la imposición de convenios colectivos con topes salariales del 15%, cuando la realidad indicaba que la inflación superaría ampliamente esa cifra.

La crisis llevó al Gobierno a transparentar la situación: acudió rápidamente al FMI para pedir auxilio bajo la forma de un crédito muy duro en condiciones y ahora será el organismo internacional quien gobierne sin intermediarios. Obviamente le hará pagar al Gobierno el fruto de su impericia política: se acabó el gradualismo, el ajuste será más duro. Ajuste que es protagonista de nuestra historia otra vez, ya que antes de que Macri firme el acuerdo con el Fondo, la devaluación de nuestra moneda licuó rápidamente salarios, jubilaciones y ayudas sociales. Para la población quedó finalmente al desnudo la verdad de quienes son estos empresarios de Cambiemos: simplemente meros gerentes del capital financiero y los países centrales quienes son los que realmente gobiernan.

Por si hubiera alguna duda basta observar el giro de la política exterior: la toma de distancia del proceso de integración regional, el alineamiento con los EE.UU y las grandes potencias occidentales. El ejemplo más emblemático para los argentinos es la cuestión Malvinas. El acuerdo con los británicos implica ceder posición en la cuestión de los recursos naturales. La Argentina se compromete a remover los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas. En este contexto, favorecer el crecimiento económico y el desarrollo de las islas implica favorecer a quienes ocupan las islas ilegalmente.

En medio de este complejo escenario ocurrieron episodios que desgastaron aún más la imagen del Gobierno: el Ministro de Trabajo tenía trabajadores domésticos en negro, el Ministro de Economía que gestiona fondos para invertir en Argentina y tiene su dinero en el exterior, Ministro de Energía que explicaba que no trae su patrimonio al país porque desconfía de la Argentina. La cuidada comunicación hueca y vacía de Durán Barba para ocultar la verdadera cara de Cambiemos comenzó a mostrar grietas debido a la escasa inteligencia de los funcionarios del Gobierno.

¿Dónde está la nueva derecha que encandilaba a los ciudadanos y a los analistas experimentados? La enseñanza es clara: cuando la realidad irrumpe no hay margen para la posverdad ni para los Durán Barba. Tarde o temprano, los pueblos recuperan la memoria

Hoy en día el Gobierno atraviesa su peor momento desde que asumió en 2015. Todas las consultoras coinciden. La imagen de Macri decae a niveles del 35%, el 60 % de los argentinos se encuentra en dificultades, el 65% avizora un futuro más complicado para Argentina y casi el 70% rechaza el acuerdo con el FMI. La Alianza gobernante y el blindaje mediático se resquebrajan. El mismo Gobierno que detentaba la brillante comunicación comienza a ser criticado por los mismos medios que lo apoyaron: el spot del Presidente anunciando la vuelta al FMI les recuerda a los mensajes de 1988. El Gobierno admite públicamente que se equivocaron luego de dos años y medio de gestión, llama a un acuerdo nacional para darle sustento al ajuste, que todos paguen el costo político. Las victimas para el 2019 serán las provincias argentinas a través del presupuesto que el FMI quiere imponer a nuestro país.

Lamentablemente el fantasma del 2001 y el fin de la vieja Alianza, muchos de cuyos funcionarios son parte del actual Gobierno, sobrevuela el escenario de los argentinos. ¿Dónde está la nueva derecha que encandilaba a los ciudadanos y a los analistas experimentados? La enseñanza es clara: cuando la realidad irrumpe no hay margen para la posverdad ni para los Durán Barba. Tarde o temprano, los pueblos recuperan la memoria.

 

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