En tiempos de cambios, la salud no puede esperar

“El derecho a la salud es uno de los más olvidados, y sin embargo el más trascendente porque se vincula con la dignidad humana, con la vida colectiva, con la economía Nacional e Internacional. No es aventurado afirmar que la salud de los pueblos es una condición fundamental para lograr su seguridad social y su paz.” Ramón Carrillo

Hoy, como en otro tiempo, se hacen propuestas -nada novedosas- para implementar procesos de fortalecimiento y modernización del Estado. En agosto de 2016, el Boletín Oficial publica el Decreto 908/2016 con el objeto de dar a conocer cómo será el financiamiento de la estrategia de Cobertura Universal de Salud (CUS), donde se dispone una reforma del sistema de salud argentino. Una reforma que no queremos en los hospitales públicos.

El argumento oficial sostiene que el actual sistema funciona mal y por eso hay que cambiarlo, el mismo argumento usado desde hace décadas para justificar las privatizaciones. A pesar de esto y con el compromiso de los trabajadores, cotidianamente seguimos sosteniendo el sector público de la salud.

El gobierno se dispone una reforma del sistema de salud argentino que no queremos en los hospitales públicos

El gobierno anuncia que la CUS operará como un seguro de salud, destinado a las personas sin cobertura, a través de una “canasta de prestaciones” para determinadas patologías, las cuales podrán ser realizadas en el propio sector público o en el sector privado. El anuncio sostiene que en Argentina existen personas a las que hay que asegurar, porque no tienen asegurada su salud. Un argumento falso que vela lo que está establecido en la Constitución Nacional: “Toda persona tiene derecho a la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. En Argentina el acceso a la salud ya es formal y legalmente universal y gratuito, es decir es un derecho.

Confrontando este engaño, los trabajadores de la salud sostenemos que es necesario afianzar un sistema de salud que asegure equidad, integralidad y gratuidad para el ejercicio pleno de un derecho ciudadano. Consideramos que la clave es volver a Carrillo, desarrollando un sistema único, universal, integral, integrado, equitativo, calificado, eficiente y transparente de seguridad social y salud pública, financiado por rentas generales del Estado, que brinde salud integral para todos los habitantes del Territorio Nacional.

La clave es volver a Carrillo, desarrollando un sistema único, universal, equitativo, calificado, eficiente y transparente de seguridad social y salud pública, financiado por rentas generales del Estado

Los hospitales se encuentran en una grave situación, es necesario implementar medidas urgentes para la designación de equipos de salud y una adecuada planificación consensuada con los trabajadores. No sólo para que los derechos de las personas internadas se garanticen, sino también para que quienes trabajamos allí podamos hacerlo dignamente en condiciones de ofrecer, como hace años sostiene Mario Rovere, servicios de salud de personas para personas.

En relación a la atención en salud mental, lo que ocurre hoy en día en la región muestra el deterioro del Sistema Público de Salud de la Provincia de Buenos Aires, reflejando que no hay planificación de estrategias conforme a lo establecido en la Ley Nacional de Salud Mental y Provincial, donde se indica que todos los Hospitales Públicos deben contar con atención ambulatoria y de internación con apoyos, recursos humanos y de instalaciones, necesarios y adecuados para tal fin.

Aún en este escenario, siguen teniendo una función muy importante los avances legislativos conseguidos con anterioridad en el campo de ampliación de derechos ciudadanos. La adecuación de nuestras leyes a estándares internacionales apuntó a profundizar la igualdad y la generación de ciudadanía. Según Eduardo Rinesi, esto hay que pensarlo como una “democratización”, como un proceso de ampliación y universalización de derechos.

En relación a la atención en salud mental, lo que ocurre hoy en día en la región muestra el deterioro del Sistema Público de Salud de la Provincia de Buenos Aires, reflejando que no hay planificación de estrategias conforme a lo establecido en la Ley Nacional de Salud Mental y Provincial

De todas maneras, tenemos muchos problemas en su traducción como política pública y como política sanitaria. Dichos inconvenientes se traducen en el campo asistencial con la precariedad programática y presupuestaria para garantizar la atención especializada en salud mental, lo que impide estar acorde a derecho e inaugurar nuevas alternativas institucionales al manicomio.

Los trabajadores sociales hemos tenido la oportunidad de poner en práctica en nuestros trayectos laborales la aplicación de estas políticas de inclusión en diferentes campos, como en salud mental, adicciones/consumos problemáticos, identidad de género, infancias, discapacidad, salud sexual y reproductiva. Un conjunto de leyes que reflejan claramente el enfoque de derechos que han permitido a trabajadores y pacientes/usuarios/ciudadanos avanzar para desandar una desigualdad social muy profunda. Por esta razón, tenemos un rol central en los tiempos venideros. Necesitamos contribuir a un espacio de reflexión político y social, con la participación de todos los actores del sistema de salud, la universidad y las organizaciones sociales, historizando, continuando la construcción de los fundamentos políticos para la soberanía sanitaria.

Los trabajadores sociales tenemos un rol central en los tiempos venideros y necesitamos contribuir a un espacio de reflexión político y social, con la participación de todos los actores del sistema de salud

Por esta razón, podemos concluir estas líneas rememorando una frase de Floreal Ferrara: “Hay que introducir con toda decisión en el campo de la salud la participación popular. El pueblo, las personas, tienen que ser los protagonistas del sistema de salud (…). Y ¿Qué quiere decir participación popular? Que los que hasta ahora son usuarios se transformen en co-administradores del sistema de salud. Que lo cogobiernen”.