Somos parte de un contexto que para algunos resulta inédito. El relato de la grieta visibiliza con claridad la presencia de grupos con muy distinta orientación que se sucedieron en el gobierno nacional y provincial. Ello permite señalar que, en la sociedad Argentina, se debaten posiciones que no expresan matices sino sustantivas divergencias. Esta politicidad puede ser considerada un logro que supimos conseguir, parte de un capital colectivo que se expresa en distintos espacios domésticos y públicos, en la mesa cotidiana o cuando se ganan las calles, heredera de una tradición pasional que nos caracteriza.
Como se reorienta la política y la política social tiene, en este contexto, algunas señales claras. Desde las restricciones de presupuesto, hasta las escenas que recientemente permitieron ver cómo se desarrollan procedimientos con niños en la vía pública. ¿Qué sucede entretanto en los programas sociales, juzgados, universidades? ¿Qué alertas novedosas construimos desde estas instituciones, a qué fundamentos apelamos y qué prácticas exhiben nuestras inquietudes? ¿Qué reflexiones alumbran nuestras intervenciones en estos tiempos de “cambiemos”?.
Mientras las denuncias (des)alumbran los días que corren, desde cada espacio se aporta lo propio, en cada campo. Nuevas denuncias, tradicionales enfoques. Recientes estudios revinculan la triada drogas, educación y delito, tal como se presenta en el matutino La Nación, el 30/10/16, donde desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, se expone sobre cómo en las villas y asentamientos de la provincia de Buenos Aires, se concentrarían los jóvenes adictos, a quienes se describe con imágenes como: “no viven en un hogar conformado”, “tienen un clima educativo bajo”. Una llamada “radiografía” ilustra el mapa que concentra en el sur diferencias que se destacan de la zona norte, y que suponen que las cifras de la ciudad capital mostrarían un descenso significativo, que no se cuantifica. Notable la ausencia a la mención sobre la selectividad del sistema penal y especialmente la relación entre jóvenes pobres y agencias de control social que no reciben ninguna recusación como tampoco los organismos responsables.
Qué podemos decir sobre lo que ha sucedido en estos años con el consumo de drogas desde las instancias donde estos jóvenes transitan. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, donde conviven sectores con mayor nivel adquisitivo, no hay duda de que hemos visto crecer estos consumos. Ejemplo de ello son las guardias de los servicios de salud, que reciben una nutrida demanda, especialmente los fines de semana, cuando ocurren las fiestas como la Time Warp, donde de vez en cuando la prensa visibiliza que las drogas son también patrimonio de grupos con mayores recursos y por tanto menos dispuestos a exponer/se en estadísticas como la nota a la que aludimos.
¿Qué reflexiones alumbran nuestras intervenciones en estos tiempos de ‘cambiemos’?
La recurrencia a la llamada Escuela de Chicago y las teorías culturalistas se hace presente en estas formas de mirar lo que llaman el “conurbano profundo” bajo la intención nada solapada de atribuir a ciertos grupos, tal como luego el senador Pichetto ilustró por medios radiales, el origen de los problemas que afectan a parte de la población en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Una manera poco original de dar un paso que permite considerar a esa población ya no como víctimas sino como victimarios.
¿Qué dispositivos e intervenciones motorizan estos posicionamientos? En primer lugar nos hace pensar que se trata de justificar el despliegue de dispositivos de control social tendientes a contrarrestar ese clima de “anomia” en el que esa gente vive. Identificarlos y situarlos en el territorio entonces constituye un movimiento claro. Permite comenzar a delinear ciertas intervenciones, una nueva gubernamentalidad, políticas de control sobre estos sectores, underclass. Ello ocurre simultáneamente con los recortes de presupuesto, la baja de programas que afectan principalmente a los sectores de salud y educación, avizoran que esas políticas no estarían orientadas a atender estos problemas sociales por la vía de la ampliación de los mecanismos de integración.
Esta situación resulta particularmente preocupante para los trabajadores sociales dado que la intervención profesional, tal como advierte Cazzaniga (2000)[1], se juega en estas grietas que, en término de desigualdades sociales, se abren en el seno mismo del cuerpo social. Ese “lugar”, incómodo, donde se plantea siempre la difícil tarea de caminar por la línea a veces material, las más de las veces imaginaria del límite, que en nuestra práctica cotidiana se materializa independientemente del espacio institucional en el que nos desempeñamos. Es en ese punto y en el modo en que ponemos en acto la intervención profesional donde se juega, según esta autora, su orientación como instancias de control social o aporte a la construcción de autonomías y responsabilidades. Desafío que claramente hoy este colectivo enfrenta.
[1] Cazzaniga, S. (2000). Acerca del control, la autonomía y el reconocimiento de derechos. Desde el Fondo, (20), 32-35.
Fotógrafo / ilustrador: Gabriela B. Hernández
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