En el día de ayer la gobernadora Vidal planteó: “¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad?”. Estas declaraciones son una muestra más de una política de ajuste sobre la educación pública. Por esta razón, desde la FTS expresamos nuestro enfático desacuerdo con la concepción neoliberal de la educación como gasto y no como un derecho, ya que estamos convencidas/os que el conocimiento nos permite construir pueblos más justos e igualitarios. A 100 años de la Reforma Universitaria y 69 del decreto por el cual el presidente Juan Domingo Perón declaró la gratuidad de los estudios universitarios en nuestro país, consideramos que los argumentos de la gobernadora manifiestan una estrategia que busca erosionar a la universidad pública y además excluir a “los pobres” de su condición de sujetos de derecho a la educación superior, en un claro acto discriminatorio.
La Argentina tiene una larga tradición de ingreso irrestricto y de búsqueda por igualar las oportunidades para que toda aquella persona que ha egresado de la escuela secundaria pueda acceder a la universidad. El ingreso irrestricto es un postulado constitutivo de nuestra universidad pública. En otros países, existen exámenes de ingreso que establecen una restricción muy grande o hay casos donde rigen pruebas de egreso o de certificación al terminar la escuela secundaria. El sistema público universitario de Argentina insume el 1% del PBI y en comparación con el resto de las naciones latinoamericanas es uno de los mejores en accesibilidad y permanencia, pero el menor en inversión de presupuesto.
Asimismo, entre el ingreso y el egreso existen una serie de políticas académicas para que los estudiantes puedan continuar aprendiendo y no abandonen. Políticas de bienestar estudiantil, becas de apoyo económico, estrategias pedagógicas vinculadas a los procesos de aprendizaje y de alfabetización académica para la cultura universitaria, estrategias para favorecer la permanencia y el egreso; constituyen gran parte del quehacer cotidiano que se lleva a cabo en las universidades.
En relación a la FTS, podemos asentir que el 67% de los/as estudiantes ingresantes en el corriente año, son primera generación de universitarios. Asimismo, si analizamos los niveles de instrucción de sus padres/madres, el 35% no accedieron a niveles educativos secundarios. Disponemos de estudios sistemáticos y permanentes acerca del perfil de los/as estudiantes de nuestra carrera, a partir de los cuales pudimos saber que muchos de ellos/as provienen de hogares de bajos recursos, con trayectorias educativas previas en los distintos formatos del nivel secundario (FINES 2- Bachillerato de Adultos), combinan estudio con trabajo y, además, en su gran mayoría son mujeres. A ello se suma que no son pocos los casos donde el peso del cuidado de hermanos menores, adultos mayores o hijos sigue recayendo en mayor medida sobre las mujeres, generando menos tiempo que sus pares varones para la dedicación al estudio.
Esto expresa la necesidad de continuar generando y promoviendo políticas públicas que acompañen el sostenimiento del ingreso, permanencia y egreso de los/as estudiantes. En dirección contraria, el posicionamiento de la gobernadora refuerza el modelo meritocrático de acceso a los estudios superiores, vinculado a la idea de responsabilidad y esfuerzo individual en oposición a la generación de condiciones por parte del Estado.
Esto no nos sorprende ya que el discurso de la gobernadora es descontextualizado y propio de una estrategia que pretende instalar una especie de corriente de opinión a favor de esa perspectiva. Existe una línea de continuidad frente el ajuste en Ciencia y Técnica, el acuerdo con el FMI, el desprestigio de las universidades públicas, el ataque al sistema previsional, obras sociales, el trabajo y la organización sindical, entre otros ámbitos.
En la línea de lo expresado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) hacemos un llamamiento a toda la comunidad universitaria, gremios y población en general a estar en estado de alerta frente al ataque a la educación pública y a la avanzada neoliberal. En la Argentina, la educación superior es un derecho y su garantía una responsabilidad del Estado, gracias a la lucha de nuestro pueblo contra las visiones elitistas como la de la gobernadora Vidal. Su carácter público, gratuito, masivo y de calidad ha sostenido la legitimidad de la universidad pública en la inmensa mayoría de la sociedad argentina, lo que la hace un pilar de consenso y convivencia democrática en nuestro país.
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