La reparación de legajos como política de Memoria

A partir del trabajo conjunto de la Prosecretaria de Derechos Humanos de la UNLP y el Área de Derechos Humanos de la Facultad de Trabajo Social, la semana pasada se realizó el acto de reparación del legajo de la estudiante Liliana Irma Ross. En esta nota de opinión, reflexionamos sobre la reconstrucción de los legajos de trabajadores y estudiantes que fueron víctimas de la violencia estatal desplegada entre 1974 y 1983. Una política de la UNLP tendiente a generar más Memoria, Verdad y Justicia.

La actualidad de nuestro tiempo nos interpela a encontrar las huellas de la memoria, a elaborar la propia historia para mejorar el presente y proyectar un futuro posible. Pero, como expresara Walter Benjamín, la historia es objeto de construcción cuyo marco no es el tiempo homogéneo y vacío, sino un ámbito lleno de ‘tiempo actual’. La memoria del pasado nos devuelve la posibilidad de reconocernos como universidad pública y de identificar ilusiones y utopías de quienes nos antecedieron y fueron víctimas del genocidio perpetrado por la última dictadura cívico-militar.

Sin embargo, el tiempo no regresa ni se repite, y entonces sólo es posible conformar la memoria social si reconstruimos el sentido que los acontecimientos tuvieron en su tiempo y tienen para el futuro. Cuando decimos que queremos recuperar la memoria en nuestra comunidad universitaria, nos referimos precisamente a esa posibilidad de recordar, descubrir y visibilizar las estructuras socio-históricas situadas de las relaciones entre sus miembros que se reconocen, aún con heterogeneidades y tensiones, en una identidad común.

Una identidad que en gran medida fue desarticulada por los efectos que produjo el terrorismo de Estado en la universidad y en la sociedad; y que actualmente tiende a ser recompuesta mediante políticas reparatorias que contribuyen a la elaboración colectiva de ese hecho traumático. Una de esas políticas es la reconstrucción de los legajos de trabajadores y estudiantes que fueron víctimas de la violencia estatal desplegada entre 1974 y 1983, principalmente.

De este modo, la reparación documental que realizamos, busca problematizar los efectos de la violencia estatal sobre la comunidad universitaria, así como visibilizar las consecuencias ético-políticas del accionar de la universidad bajo la intervención de su co-gobierno en marzo de 1976 por el Capitán de Navío Saccone y luego en octubre de ese mismo año, por el Rector Gallo. En tal sentido, la reconstrucción física de los legajos permite la reparación simbólica como acto de responsabilidad de quien repara, repolitizando a la vez el concepto de genocidio, narrado y representado desde una posición político-institucional que tiende a evitar simplificaciones que cosifiquen la memoria colectiva.

El trabajo de simbolización imbricado en los actos de reparación, si bien es absolutamente íntimo y singular, y no depende exclusivamente del accionar de la universidad, puede ser realizado sólo si las condiciones institucionales habilitan esa operación de resignificación en las víctimas. Para ello es necesario reconocer que algo de lo acontecido produjo un sufrimiento que debe ser reparado, restituido, aún sabiendo que no hay equivalencia posible entre lo que entrega quien repara y aquello que la víctima ha perdido.

Así entonces, reconocemos el derecho a la reparación, y el imperativo ético de la universidad como institución pública de contribuir a ello, recuperando las trayectorias laborales y/o estudiantiles de las víctimas, que dan cuenta de su filiación institucional, académica y de militancia, que fuera interrumpida por el terror, la tortura, la desaparición y el asesinato.

Precisamente estas convicciones y el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia, para pensar el presente desde la reconstrucción del pasado, llevaron en esta XXIII Semana de la Memoria a desarrollar un trabajo coordinado entre la Prosecretaria de Derechos Humanos de la Universidad y la Facultad de Trabajo Social, que culminó con la reparación del legajo de Liliana Ross y la entrega de una copia del mismo a sus familiares. Liliana era estudiante de la entonces Escuela de Visitadoras de Higiene y Enfermería, fue secuestrada en 1976 y asesinada al año siguiente. Era una colega que, al igual que los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos y asesinados, soñaba con una sociedad diferente, estudiaba y militaba en función de ese deseo que le fue arrebatado por la violencia del Estado terrorista, cuando tenía tan sólo 21 años de edad.

Finalmente, la reparación de legajos forma parte de las políticas de memoria que llevamos adelante y que contribuyen a hacer pública la verdad social, en tanto quienes estudiamos y trabajamos en la universidad pública, nos disponemos a compartir el dolor, escuchar, acompañar y exigir justicia para que las víctimas puedan “disponer de nuevo” su existencia con dignidad, sin temor y sin impunidad. Ese proceso permite poner en tensión las marcas culturales y simbólicas que dejó el terrorismo de Estado, y generar otras condiciones para la conquista y ampliación de derechos, desde un reposicionamiento institucional y subjetivo que vuelva a entramar aquello que la violencia estatal buscó destruir.

En ese sentido, reafirmamos el proyecto de una universidad púbica que brinde una formación universitaria en la que se refuerce transversalmente el compromiso ético y político con los procesos de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación, indispensables para profundizar la democracia y construir sociedades más justas e igualitarias.

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