Un año y medio ha transcurrido desde que la FTS-UNLP organizó el Tercer Foro Latinoamericano Igualdad y desigualdad social en América Latina: generando debates en Trabajo Social en relación con otras ciencias del campo social, un evento de gran significancia académica y política en donde muchos fuimos convocados a pensar, discutir, intercambiar y escribir en colectivo. En particular, tuve la oportunidad de presentar una ponencia que denominé La educación y el retorno del proyecto neoliberal: la calidad de la educación nuevamente en disputa; corría el mes de agosto del año 2016 y la escalada de las políticas macristas comenzaban a configurar un escenario complejo con evidencias de retrocesos históricos con efectos inevitables en la educación, en las instituciones educativas y en la vida cotidiana de estudiantes, docentes y familias.
Palabras más, palabras menos, en aquel texto observaba que se estaba produciendo un cambio de registro en el discurso público de los funcionarios educativos acerca del lugar de la educación en la trama de las conquistas sociales. Comenzaban a ser -sino nulas- escasas las referencias al “derecho a la educación”. Este giro, en sí mismo, merecería toda serie de reflexiones. Su lugar comenzaba a ser ocupado por la idea de “calidad” y por el término aparentemente menos pretencioso de “meritocracia”. Ni uno ni otro está acorde a la concepción de la educación como derecho ya que dan prioridad a una lógica competitiva y justamente meritocrática. La preocupación planteada era que este enfoque, tan viejo en el campo educativo como la historia de la desigualdad, hegemonice la política educativa y, entonces, se construya una mirada distorsionada sobre las relaciones y los cambios posibles en las relaciones entre el derecho a la educación y la meritocracia, la calidad y la inclusión educativa, el origen social y el destino escolar, entre otros.
Cuando Progresar se creó por impulso del equipo de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2014, constituía una ampliación de derechos en el acceso a la educación a miles de jóvenes atravesadxs por las desigualdades sociales
Si bien es un verdadero desafío ensayar una interpretación sobre un tiempo histórico corto y aún inacabado de la historia (Lahire, 2006), considero que es en estas coordenadas socioeducativas y en las claves conceptuales brevemente esbozadas más atrás, donde debemos situar el Decreto Presidencial 90/2018 que establece el relanzamiento del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) como una “nueva política educativa”. Ciertamente, tras el vaciamiento que el Progresar experimentó durante 2 años -con despidos, congelamiento del monto y bajas de beneficiarios-, el gobierno nacional toma la decisión política de invertir la lógica con la que el Programa surgió hace cuatro años, así, de considerar que “la problemática juvenil tiene múltiples facetas que deben ser contempladas a la hora de abordar la temática, evitando caer en categorizaciones simplificadas y estigmatizantes, (para) un acceso real y flexible a la oferta educativa”; el decreto presentado por el presidente el pasado 31 de enero asegura que el objetivo es construir “una política pública de estímulos (…) que posibilite una organización más eficiente y coherente del sistema, instalando criterios homogéneos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida”.
Cuando Progresar se creó por impulso del equipo de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2014, fue concebido como una política pública universal para incentivar a lxs jóvenes de sectores populares (que pertenezcan a un grupo familiar que no supere tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil) para que puedan continuar sus estudios secundarios, cursos de formación, terciarios y/o universitarios. Constituía una ampliación de derechos en el acceso a la educación a miles de jóvenes atravesadxs por las desigualdades sociales. En una nueva avanzada neoliberal, el Progresar pasa en el año 2018 a ser concebido desde la lógica de la meritocracia como valor en sí. Aunque la definición del universo se mantuvo, así como los montos diferenciales en carreras estratégicas, otros ejes del programa se derogaron y los requisitos académicos (ya existentes) se incrementaron. Estudiantes del nivel secundario y oficios pasarán de tener que certificar la asistencia a tener que certificar que pasaron de año. Lxs universitarixs, de tener que aprobar una escala progresiva de materias, similar a la que se exige para mantener la condición de alumno regular a cualquier estudiante, deberán aprobar el 50 por ciento de las materias cada año. Cumplir con esas metas no es un incentivo para recibir más dinero, es un requerimiento para permanecer en el programa. Para algunxs, estos requisitos parecerán alcanzables, pero para el núcleo duro de jóvenes en situación de vulnerabilidad, el panorama se torna mucho más difícil. Ningún “incentivo” puede reemplazar las tutorías, el apoyo pedagógico, la orientación, el acompañamiento y la escucha a lxs jóvenes, cuestiones siquiera mencionadas en la normativa del programa actual.
En una nueva avanzada neoliberal, el Progresar pasa en el año 2018 a ser concebido desde la lógica de la meritocracia. Tras el vaciamiento que experimentó durante 2 años, el gobierno nacional toma la decisión política de invertir la lógica con la que el programa surgió
Pero hay más: el nuevo decreto recortó las transferencias de 12 a 10 cuotas anuales. La actualización de los montos -de 10.800 a 12.500 anuales- representa una caída de más del 40 por ciento del poder adquisitivo para quienes están terminando el nivel medio o estudiando oficios (aproximadamente el 60 por ciento de la población objetivo). El incremento superior, del 48 por ciento que se otorga a lxs estudiantes universitarixs tampoco alcanza a compensar la inflación acumulada. Además, se eliminó la obligación de proveer servicios de cuidado para jóvenes con niñxs a cargo, se derogó el requisito de realizar chequeos de salud, se derogó la posibilidad de empalmar el Progresar con un empleo en sus primeros meses, y se eliminó la participación de otros ministerios en el programa.
De esta manera, el programa Progresar deja de ser entendido como un derecho para todx joven de entre 18 y 24 años de bajos ingresos que estudie, para convertirse en una beca educativa que premia el mérito. De caracterizarse por priorizar el inicio del ciclo de estudios, para fortalecer la posibilidad de lxs jóvenes de sortear barreras para ingresar o volver al sistema educativo, el Progresar pasa ahora a premiar la llegada, el final del ciclo de estudios. Las becas del programa quedan atadas al “mérito” académico, al resultado, la idea rectora es la “meritocracia”, donde la “igualdad” consiste en asegurar la posibilidad de competir en condiciones similares, sin considerar ninguna diferencia de origen o condición, como el género, la edad, el ingreso, el lugar donde se habita, el origen étnico, el nivel socioeconómico de las familias, entre otros factores.
Hoy el programa Progresar deja de ser entendido como un derecho para todx joven de entre 18 y 24 años de bajos ingresos que estudie, para convertirse en una beca educativa que premia el mérito. La idea de esfuerzo no puede ser la base de una política educativa. Lo que hay que fomentar es la cultura de la igualdad
Como responsable del Área de Inclusión Educativa de la FTS no puedo dejar de hacer notar a la amplia comunidad de quienes habitamos y construimos día a día la Facultad la preocupación que nos genera un giro de estas características en el programa Progresar. Disponemos de estudios sistemáticos y permanentes acerca del perfil de lxs estudiantes de nuestra carrera, un gran número de ellxs son primera generación universitaria, provienen de hogares de bajos recursos, combinan estudio con trabajo y, además, en su gran mayoría son mujeres. Muchas mujeres jóvenes que acaban por ser las más castigadas por esta regresiva decisión política, no solo cuentan con menos herramientas para enfrentar una carrera universitaria, sino que en virtud del mayor peso que las tareas de cuidado revisten para ellas, tienen menos tiempo que sus pares varones para dedicarse al estudio. No son pocos los casos en que desde la Dirección de Inclusión y Vinculación Educativa hemos identificado que aún el peso del cuidado de hermanxs menores, adultos mayores o hijxs sigue recayendo en mucho mayor medida sobre las mujeres.
En sociedades básicamente desiguales e injustas como las nuestras, la meritocracia del Progresar 2018 implica individualizar un problema que es socioeducativo y político. Primero es preciso garantizar oportunidades reales para todos y, en tal caso, “premiar” luego a los que más se esfuerzan. Esforzarse individualmente, ser premiado, sin referencia a condiciones materiales y simbólicas, refuerza la idea de que la desigualdad se aloja en los individuos (en sus genes, en sus cerebros, en sus talentos naturales) y que la igualdad consiste en estimular las mentes. En este contexto, la idea de esfuerzo no puede ser la base de una política educativa. Lo que hay que fomentar es la cultura de la igualdad que, por añadidura, permitirá impulsar la cultura del esfuerzo, y no viceversa.
Bibliografía
► Decreto presidencial 90/2018. Boletín oficial de la Presidencia de la Nación. 31 de Enero de 2018
► Causa, M (2016). La educación y el retorno del proyecto neoliberal: la calidad de la educación nuevamente en disputa. Ponencia presentada en el III Foro Latinoamericano de Trabajo Social: “Igualdad y desigualdad social en América Latina: generando debates en Trabajo Social en relación con otras ciencias del campo social”. FTS-UNLP. 24, 25 y 26 de Agosto, La Plata.
► Informes anuales sobre el Perfil del Estudiante de Trabajo Social. Dirección de Inclusión y Vinculación Educativa. FTS-UNLP
► Lahire, B (2006). El espíritu sociológico – 1a. ed.- Manantial, Buenos Aires.
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