Opiniones| Martes, 18 de abril de 2017

Seguridad Social: un código para la incertidumbre

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dictó la Resolución N° 188/2017, la cual prevé la elaboración de un anteproyecto de Código de la Seguridad Social. La abrupta creación de una Comisión para la elaboración de ese anteproyecto plantea múltiples interrogantes respecto al futuro de la Seguridad Social en nuestro país, teniendo en cuenta la orientación de las actuales políticas económico-sociales y el contexto de desfinanciamiento y ajuste en que la medida se propicia. Una mirada a través del legado de Robert Castel.


por Mariano Cardelli

Han pasado apenas cuatro años de la muerte del gran sociólogo Robert Castel, quien nos alertaba sobre la crisis de la sociedad salarial y de las formas de solidaridad en la época contemporánea, las cuales generan grandes masas en condiciones de vulnerabilidad y desafiliación social. El avance del neoliberalismo a partir de los años ‘80 colocó a las sociedades europeas, industrializadas y ordenadas a partir de un Estado de Bienestar construido a finales de la segunda posguerra, en una situación de crisis de la Seguridad Social. De tal crisis sobreviene la incertidumbre.

La idea de Seguridad Social construida históricamente como derecho se ha plasmado en nuestro país en textos legales y dispositivos institucionales. Castel consideraba que “La mutualización de los riesgos mediante la tecnología de seguridad representó y sin duda representa todavía, la solución más eficaz que se haya encontrado para combatir una inseguridad social que le había caído en desgracia a lo largo del tiempo a una mayoría de trabajadores. Pero el financiamiento y la estructura de respuesta hoy están amenazados…”. (Castel, R., El Ascenso de las incertidumbres, FCE, México, 2011, prefacio).

Han pasado apenas cuatro años de la muerte del gran sociólogo Robert Castel, quien nos alertaba sobre la crisis de la sociedad salarial y de las formas de solidaridad en la época contemporánea, las cuales generan grandes masas en condiciones de vulnerabilidad y desafiliación social

Si la Seguridad Social se basa en los principios de universalidad y solidaridad, el neoliberalismo conduce a la focalización y al individualismo. En nuestro país, las políticas económico-sociales actuales socavan un sistema que estuvo a punto de derrumbarse en los años ‘90, pero que supo gozar de un largo verano durante la primera década y parte de la segunda de los ‘2000. Medidas como el Plan de Inclusión Previsional, la Asignación Universal por Hijo y la ampliación de la cobertura socio-sanitaria del PAMI, dan cuenta de ello.

El ascenso de “Cambiemos” al gobierno sacudió la estantería del sistema público de protección social. El peligro para el sistema de Seguridad Social deviene, sobre todo, de su desfinanciamiento, catapultado por la ampliación del desempleo, la inflación y el deterioro del salario real, que se conjugan además con una fuerte andanada cultural que brota de los medios masivos de comunicación, orientada a la meritocracia, a la descalificación del uso de recursos públicos con el fin de ampliar el consumo y a la demonización del Estado como agente de expansión de derechos.

El ascenso de “Cambiemos” al gobierno sacudió la estantería del sistema público de protección social. El peligro para el sistema de Seguridad Social deviene de su desfinanciamiento, catapultado por la ampliación del desempleo, la inflación y el deterioro del salario real

La Seguridad Social es hoy atacada por su ineficiencia o por el “derroche”. En este marco, hace unos días amanecimos con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 188-E/2017 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por la cual se crea la Comisión para la elaboración de un anteproyecto de Código de la Seguridad Social, integrada por expertos en la materia. Asimismo, establece que la Comisión deberá abordar el tratamiento y elaboración de las bases para la codificación de distintos regímenes de protección: vejez, accidentes de trabajo, asistencia médica “…y cualquier otro régimen que la Comisión estime necesario contemplar”. Nada informa sobre la orientación, objetivos y fines que debe contener el mencionado anteproyecto. Sólo se aclara en los considerandos de la Resolución que apunta a cumplir con lo estipulado en la Constitución Nacional y con distintos Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Lo más llamativo es la poco comprensible formulación efectuada en los considerandos de la Resolución cuando afirma que: “… el derecho a la Seguridad Social fue afectado en las últimas décadas por sustanciales modificaciones legislativas… contrarias a los valores que caracterizan a nuestra sociedad” (?). Resalta además el fracaso de dicha experiencia y de la reforma descripta como “a todas luces deficiente e injusta…” (?), “…entre otras causas, por la superposición de reglas contradictorias o de dificultosa hermenéutica… generando… centenares de miles de casos litigiosos”. Por tal motivo, considera que “… el escenario trazado torna necesario proceder a ordenar el plexo legal vigente…, procediendo a dictar el Código de fondo que establezca con claridad los riesgos a cubrir…, todo ello sin sustituir la legislación especial”.

La orientación de la política económica y social puesta en práctica por el Gobierno de “Cambiemos”, nos permite suponer que por debajo de la Resolución 188 puede ocultarse un intento de reformular los pilares de todo el sistema de Seguridad Social de nuestro país y volver a tendencias privatizadoras

Es decir que la necesidad de un Código es atribuida a dotar de certeza y claridad respecto de los riesgos a cubrir. Ahora bien, la orientación de la política económica y social puesta en práctica por el Gobierno de “Cambiemos” nos permite fundadamente suponer que por debajo puede ocultarse un intento de reformular los pilares de todo el sistema de Seguridad Social de nuestro país, como ocurrió con la denominada Ley de Reparación Histórica para las jubilaciones y pensiones. No podemos sino desconfiar que la idea meritocrática no va a penetrar en el sistema generando nuevas segmentaciones y focalizaciones, fundadas en el reconocimiento de la capacidad contributiva. Tampoco podemos evitar suponer que en este escenario de demonización del Estado, regresen tendencias privatizadoras, como ocurrió por ejemplo con el sistema jubilatorio a través del régimen de las AFJP en los años ‘90. La certeza propugnada parece ser la de aquellos sectores que ven en la Seguridad Social un ámbito dinámico y propicio para la acción del mercado, con altos niveles de rentabilidad. Todo parece indicar que se busca codificar el ajuste y replantear los basamentos del sistema que este país supo construir desde la década del ‘40. Es decir, más que una búsqueda de certeza, podemos estar en las puertas de un código para la incertidumbre.

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