La Facultad de Trabajo Social de la UNLP, a través de su Área de Derechos Humanos, repudia enérgicamente el brutal ataque que sufrió, el día 30 de marzo de 2017, el merendero “Los Cartoneritos” del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Lanús; como la posterior detención ilegal de dos jóvenes de 17 y 24 años, la cual incluyó los peores métodos de tortura y abuso policial.
Bajo el supuesto fundamento de la persecución de una persona acusada de homicidio, versión que nunca fue comprobada, fuerzas policiales irrumpieron cuando había dentro del comedor más de 70 chicos, “rompieron parte del inmueble, destrozaron elementos del trabajo diario y golpearon a las cocineras y a una embarazada, quien debió ser internada con pérdidas. La saña llegó al punto de que tiraron gas pimienta en las ollas donde se cocinaba la cena”. El operativo fue comandado por el Secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz.
La detención ilegal de los jóvenes, de quienes durante horas no se tuvo información certera (nunca fueron registrados en ninguna dependencia judicial) estuvo signada por golpes, torturas e incluso el encierro en patrulleros en los que se tiró gas pimienta obturando toda posibilidad de ventilación, con las consecuencias que ello implica.
Hasta el día de la fecha no hay respuestas institucionales de sanción alguna a quienes participaron de tamaño operativo. Muy por el contrario, el Secretario de Seguridad justificó y defendió públicamente el accionar policial.
Este tipo de avasallamientos y acciones que violan los derechos humanos se vienen reiterando y multiplicando en diferentes puntos, amedrentando y hostigando especialmente a organizaciones y/o referentes del campo popular.
Estamos convencidos que esto no es más que la expresión brutal del intento de disciplinamiento social, ya expresado en la criminalización creciente de la protesta, bajo métodos propios de las épocas más terribles que atravesó nuestro país.
Quienes trabajamos en los territorios, en vinculación con organizaciones que día a día sostienen este tipo de espacios destinados a garantizar la cobertura de una necesidad tan básica como el acceso al alimento (derecho que indiscutiblemente debería ser garantizado por el Estado) sabemos el esfuerzo y el compromiso que requiere, más aún cuando la única ayuda que se recibe es la solidaridad de otras organizaciones o de los mismos miembros de la comunidad.
Exigimos la urgente asunción de la responsabilidad de los organismos gubernamentales correspondientes que garantice no sólo el cese de la violencia institucional por parte de las Fuerzas de Seguridad, sino también la garantía de los derechos humanos fundamentales, derechos que hoy se encuentran ampliamente vulnerados.
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