Opiniones| Viernes, 16 de diciembre de 2016

Por un compromiso activo con la igualdad

La igualdad no tiene un referente empírico objetivo y necesario. Sus alcances y limitaciones se asocian a la lucha política. En un contexto de desigualdades crecientes, las ciencias sociales pueden aportar a la constitución de sociedades más igualitarias a través de un compromiso activo con la cuestión.


por Julio Sarmiento

g-b-hernadez

Las sociedades capitalistas modernas se erigieron en torno a la diferenciación de dos esferas con relativa autonomía entre sí: la política y la economía.

En el “antiguo régimen”, la equiparación entre posición económico-social y posición política fundaba el orden social. La institución de la igualdad política –igualdad ante la ley e igualdad de derechos para todos los ciudadanos- disolvió esa equiparación. La condición social dejó de ser una prerrogativa de una posición política privilegiada.

La esfera política se estructuró, entonces, en torno al principio de igualdad. La economía capitalista, por oposición, es fuente de desigualdades que necesita reproducir. La desigualdad es un principio estructural de la economía de las sociedades capitalistas.

Lo dicho anteriormente no niega que en materia de igualdad de derechos e igualdad ante la ley sea hoy necesario realizar avances sustantivos. Piénsese en los conflictos en torno a la igualdad de género o la desigualdad con que actúa en muchas ocasiones el sistema punitivo del Estado. Sin embargo, las desigualdades en materia de condiciones materiales de vida tienen una relevancia notoria en la vida social actual.

La desigualdad es un principio estructural de la economía de las sociedades capitalistas

En función de aquello, la tensión entre el principio instituyente de lo político en la modernidad –la igualdad- y el principio instituyente de lo económico social de la economía capitalista –la desigualdad-, estructura nuestras sociedades desde sus orígenes.

Es más, la historia de nuestras sociedades es, en buena parte, la historia de la lucha por la delimitación de la frontera entre política y economía; entre la desigualdad inherente al capitalismo y la ampliación “política” de las áreas de igualdad.

El movimiento obrero ha luchado históricamente contra las desigualdades a través de la ampliación de los derechos políticos y sociales y a través de la implementación de políticas sociales que garanticen el acceso universal a bienes y servicios básicos para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Cierto es también que muchas de sus luchas fueron y son orientadas al cambio de las bases estructurales mismas de las sociedades capitalistas.

En los países periféricos, muchos movimientos nacional-populares asociaron la lucha contra las desigualdades a la lucha contra la dependencia. Soberanía y autonomía nacional se presentaron como requisitos indispensables para reducir las brechas en las condiciones materiales de existencia; a su vez, el empoderamiento de los sectores populares, inseparable de la redistribución del ingreso a su favor, ha sido entendida como una condición política necesaria en la constitución de un Estado capaz de operar sobre las relaciones de dependencia derivadas de las estructuras del capitalismo mundial. Para aquellos movimientos, la desigualdad en las sociedades periféricas está “sobredeterminada” por su carácter dependiente.

En América Latina, luego de una década larga de gobiernos nacional-populares, la derecha neoliberal conservadora vuelve a dominar el escenario político

Los relativos avances que se lograron en torno a la igualdad en el siglo XX, sufrieron los embates del neoliberalismo. Los derechos sociales se contrajeron, las políticas sociales universalistas fueron progresivamente desmanteladas, el Estado fue reconducido a garantizar las políticas pro mercado y el trabajo mismo fue  desestabilizado por medidas que fragilizaron el vínculo entre el trabajador y su empleo.  El resultado ha sido la configuración de sociedades mucho más desiguales.

En América Latina, luego de una década larga de gobiernos nacional-populares que lograron avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad, la derecha neoliberal conservadora vuelve a dominar el escenario político. Su proyecto sería trazar nuevas fronteras entre la política y el orden social que brota de la economía de libre mercado, entre la igualdad política y la desigualdad material. Su intención es despolitizar, como manera de provocar la eutanasia de la política, el debate sobre la desigualdad.

Desde la visión de la derecha, los avances en materia de la igualdad son básicamente un problema individual. La igualdad “legítima” se alcanza como resultado de los meritos realizados por las personas en la “esfera económica” para el mejoramiento de sus condiciones de vida. El Estado debe garantizar, a lo sumo, igualdad de oportunidades –igualación en el punto de partida- sin preocuparse por los resultados efectivamente alcanzados en la materia. Nada de derechos, nada de acciones colectivas orientadas a la redistribución de recursos e ingresos; en lo posible, nada de “política” que haga peligrar el orden social que promueve la nueva derecha hegemónica.

A poco de andar, el proyecto neoliberal de despolitizar la desigualdad resulta una quimera. Es que estando en el centro de los vínculos sociales, más temprano que tarde, las sociedades comienzan a confrontarse con el problema de la desigualdad politizándola. Los límites entre política y economía que la modernidad “liberal” intentó erigir se desdibujan.

Las ciencias sociales tienen mucho para aportar en dirección de la construcción de una sociedad más igualitaria

La política es un plano de la vida social estructurado en torno a relaciones de fuerza de contenido material y simbólico. En el marco de la última dimensión, la noción de igualdad resulta un “significante vacío”. Es decir, un concepto sin referencia objetiva precisa y necesaria. Los contenidos a los que se fije esa noción dependen, así, del resultado de las luchas políticas por su definición y alcance.

En suma, en la actual etapa histórica, dependerá de la política si la igualdad queda reducida, en el mejor de los casos, a la mera equiparación de los puntos de partida o se la vincula a una redistribución más justa de recursos, bienes y servicios; es decir, a una igualdad de resultados, donde las brechas materiales en las condiciones de vida entre los distintos grupos sociales sean efectivamente disminuidas.

Las ciencias sociales tienen mucho para aportar en dirección de la construcción de una sociedad más igualitaria. En principio, su acento en que lo social es resultado de la acción humana y de procesos sociales históricos es una contribución para desnaturalizar las desigualdades existentes. También se encuentra en condiciones de aportar al debate público sobre los “tipos de sociedad” que resultarían de políticas orientadas a hacer progresar la igualdad material o de políticas que se detengan sólo en garantizar la igualdad de oportunidades. Sobre todo, pueden arrojar luz sobre las relaciones y prácticas sociales objetivas sobre las que se erigen las desigualdades actuales y colaborar con el análisis crítico de los discursos que las legitiman y refuerzan.

Esos aportes y contribuciones no son resultado espontáneo de la práctica misma de la ciencia social, dependen de la asunción de un compromiso político activo.

Un compromiso político de esa naturaleza es el que materializó en el III Foro Latinoamericano de Trabajo Social, realizado en nuestra Facultad en agosto del presente  año y que tuvo al problema de la igualdad como tema central.

Los debates, exposiciones y tomas de posición realizados en el marco de aquel Foro, señalan, sin duda, un camino ha recorrer por las ciencias sociales en dirección de contribuir a la ampliación de los límites y dominios de la igualdad.

Fotógrafo / ilustrador: Gabriela B. Hernández

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